Amigos, conocidos y redes clientelares.

Todos lo hacemos o lo hemos hecho alguna vez.

Ante un problema, a quien primero recurrimos es a nuestra agenda de amigos, a ver si alguno nos lo puede solucionar de forma rápida y económica. Sea el problema un grifo que se ha roto, o que nos queremos hacer una vivienda y no sabemos ni por donde empezar.

Tanto en uno como en otro caso, si tenemos un amigo fontanero o arquitecto, será a ellos a quien primero recurramos. en caso de que estén dispuestos a resolvernos el problema, y lo hacemos con la esperanza de que nos hagan un buen trabajo por un precio ajustado.

En la empresa privada a veces ocurre algo similar, un amigo tiene una empresa que provee un servicio que necesitamos y recurrimos a él en primer lugar, a veces sin siquiera pedir otros precios (error nuestro); si alguien tiene que ganar un euro que sale de nuestro bolsillo, pensamos que es mejor que sea un amigo, ya que, es más probable que él recurra a nuestros servicios si los necesita. Lo que se llama hoy por tí mañana por mí.

Esto, que ya en el ámbito de la empresa privada puede tener sus peligros de pérdida de rendimiento, (no siempre nuestro amigo es el que lo hace mejor ni más barato), en el ámbito de la cosa pública debería ser inaceptable.

Sin embargo vemos que, a menudo, políticos y mandatarios de cualquier signo y de cualquier escala, desde el concejal de un pequeño ayuntamiento hasta un alto cargo de cualquier partido político de ámbito nacional, hacen uso de estas prácticas. llegando incluso más allá, creando empresas a las que asignar "a dedo" tareas por las que cobran infladas facturas.

Esto, que es lícito y normal en el ámbito privado, donde el gasto es relativamente pequeño, y prefieres pagarle más a tu cuñado o amigo, (porque en caso de no estar contento también lo tienes más cerca para reclamarle y eso lo puede incentivar a hacer mejor su trabajo), es totalmente irregular cuando se trabaja con dinero público, ese que muchos perciben como que "no es de nadie", y que parece que nunca se va a acabar.

Dando ya por bueno este argumento, voy a lanzar una reflexión.

Si yo estoy en un partido político, como afiliado, simpatizante etc, y tengo una empresa que ofrece un servicio que el partido político necesita, léase la organización de mítines y eventos varios, ¿Debo inhibirme de ofertar mis servicios para que no se vea como corrupción?